lunes, 13 de agosto de 2012

¿Socialismo del Siglo XXI o Fascismo Tropical?


Mucho se ha hablado sobre la verdadera definición del denominado Socialismo del Siglo XXI impulsado por el Presidente de Venezuela Hugo Chávez, autonombrado caudillo de una supuesta revolución bolivariana que aspira a sentar bases en América Latina. Si en algún momento hubo quienes no tomaron en serio los delirios expansionistas de Chávez, basta con dar un rápido vistazo a las relaciones de poder entre Venezuela con Bolivia, Ecuador, Nicaragua y, hasta hace poco, Honduras.
Excluyo de esta lista a Cuba, pues aunque existe un tórrido “affairs” entre el Castrismo y el Chavismo, a diferencia de países como Nicaragua, la isla caribeña deja claro que su relación con Venezuela debe ser una de provecho estratégico y político pero no de subordinación. Todo lo contrario. Mientras en Nicaragua Chávez es recibido cual jefe de un partido político en gira de campaña por uno de sus municipios por el dócil y solicito alcalde, en Cuba Chávez llega adoptando un cuidadoso porte de peregrino en tierra santa esperando ser bendecido por el Patrono.

Y es que en realidad Chávez aspira a ser el heredero de Castro en América Latina a pesar de carecer de muchas de las habilidades que han permitido que el anciano jefe del Partido Comunista Cubano mantenga, hoy a través de su hermano, un férreo control de la isla. Sin embargo, a carencia de una propuesta ideológica coherente y de otras cualidades necesarias para inspirar y movilizar, Chávez cuenta con reservas certificadas de petróleo a su disposición que hoy ascienden a más de 153 mil millones de barriles.

Al hablar de las carencias del Chavismo me refiero principalmente a la ausencia de un proyecto político coherente que sea capaz de sostenerse por su propio peso y no por el clientelismo petrolero. Dicho de otra forma, el denominado Socialismo del Siglo XXI es, a lo sumo, una arenga política anticapitalista pero que carece de un proyecto ideológico en el sentido más estricto de su acepción. Por proyecto ideológico me refiero a la “estructura conceptual de referencia que provee de criterios para la elección y la decisión en virtud de los cuales la mayoría de actividades de una comunidad organizada es gobernada” (Martin Serliger, citado por Sternhell, 1976, p. 318).

Lo que indudablemente existe en Venezuela es un proyecto Chavista de la misma forma en que en Nicaragua el sandinismo oficialista se convirtió en Orteguismo. Habrá quien me argumentaría que tanto el Orteguismo como el Chavismo, no por ser proyectos personalistas autoritarios de concentración del poder dejan de ser proyectos ideológicos en el sentido en que representan a un sistema y cuentan con un programa de acción. Si tal referencia fuese válida, cabria preguntarse entonces si otros fenómeno sociales y políticos como el caudillismo y el clientelismo también podrían ser tipificados como ideologías. ¡Por supuesto que no!

Tanto el caudillismo como el clientelismo son fenómenos de poder sustentados por mecanismos informales y difusos en la relación principal-agente en donde la interacción entre los actores del sistema es guiada por factores como la baja autoestima de los acaudillados, el intercambio de favores o la concesión de prestaciones. Para ilustrar mejor el ejemplo es adecuado aclarar que lo anterior no anula el hecho de que los acaudillados o los clientes no tengan, como grupos o como individuos, un punto de vista particular sobre la realidad, aspecto básico de toda ideología. No obstante, ambos fenómenos carecen de las bases intelectuales y conceptuales que movilicen la acción política, quedándose en expresiones de una relación transaccional.

En este sentido, es Socialismo del Siglo XX—en la acepción en que ha sido propuesta por ideólogos como A.V. Buzgalin y Heinz Dieterich Steffan—no es otra cosa más que un replanteamiento casi repetitivo de las mismas ideas anticapitalistas propuestas por Noam Chomsky y otros. Sin embargo, es innegable que es dicho concepto sí implica la articulación de una propuesta más o menos coherente de un sistema de creencias que intentan explicar la realidad sobre la base de las premisas básicas de Karl Marx, incorporando los aprendizajes experiencias e socialistas del pasado. Adicionalmente, el concepto de “Socialismo del Siglo XXI” también implica una reacción ante el poder hegemónico estadounidense.
En los casos concretos de Chávez y Ortega en Venezuela y Nicaragua, respectivamente, efectivamente se asoman algunos rasgos de la propuesta socialista, específicamente en lo referido al discurso de lucha de clases, el férreo antinorteamericanismo, el desdén por la propiedad privada y el impulso colectivista. No obstante, estos rasgos quedan totalmente opacados ante un proyecto más bien de culto a la personalidad que si bien no es del todo ajeno a la tradición socialista, al combinarse con otros aspectos adquiere una forma totalmente diferente.

¿Si no Socialismo, entonces qué es?

Antes de ilustrar el argumento de que el proyecto Chavista es en realidad una versión tropicalizada del fascismo, es importante recordar que el fascismo clásico desapareció con la derrota de los países del eje al concluir la segunda guerra mundial (Ej. el fascismo en España). Pero de igual forma que otras expresiones políticas desarrolladas en Europa llegaron a América de manera tardía y transformada, el fascismo también se vivió en América Latina bajo formas autóctonas. Tal fue el caso de las dictaduras de Perón en Argentina y Somoza en Nicaragua. Hoy aparece nuevamente en las persona de Chávez en Venezuela y, de manera germinal, con Ortega en Nicaragua.

En las opiniones de autores como Joan Antón, Joan Joseph Vallbé y E. Gentile, el fascismo es una expresión de dominación política totalitaria y revolucionaria guiadas por el objetivo central de subordinar y transformar la sociedad a través de la captura del Estado y el monopolio del poder desde un régimen de Estado-partido. Para ello, se aspira a un sistema político de partido único –o al menos hegemónico en el sentido en que lo define Sartori— guiado por un caudillo carismático que se atribuye la virtud de interpretar y encarnar casi metafísicamente las aspiraciones y la voluntad del pueblo.
El caudillo, además, concentra para sí todo el poder del partido y defines su acción política desde la perspectiva de una “revolución permanente contra enemigos exteriores e interiores.” Además, Antón agrega “se trata pues de una revolución política, cultural y espiritual” donde es imprescindible hacer pacto para alcanzar el poder con las fuerzas conservadoras. Este pacto marca los límites de la revolución fascista y el paso del “fascismo-movimiento al fascismo-régimen”.

Asimismo, “el fascismo aborrece la democracia liberal porque ésta favorece la cantidad respecto a la calidad…en tanto que concibe a la masa de la población como un ente incapaz de gobernarse”. En este sentido, el fascismo comparte una característica importante con otras expresiones de extrema derecha, como son el descrédito al sistema de democracia representativa y por ende al sistema políticos pluripartidistas al considerarlos expresiones de grupos de poder contrarios a los intereses del pueblo.
En consecuencia, el discurso político fascista hace constante referencia a la necesidad de una nueva democracia, “democracia verdadera” o “democracia pura”, le llamó Mussolini. La teoría de Democracia directa ofrece una sorprendente similitud a los argumentos de la sustitución de la clase política por el hombre común, esgrimidos por los fascistas europeos. ¡Basta de ya partidos! ha dicho Chavez.

Las similitudes no se detienen ahí, la concepción geopolítica del fascismo es fundamentalmente de antagonismo y conspiración, en tanto el caudillo tipifica de complot internacional cualquier crítica que venga de otras instituciones o personas basadas en el exterior. En consecuencia, la disidencia interna y la oposición, desde a óptica fascista debe ser necesariamente expresiones subversivas financiadas por el enemigo externo. Por ello, la oposición es definida como anti-nacionalista (vende-patria) en tanto el régimen político fascista cree ser la plataforma sobre la que debe sustentarse la nacionalidad misma.

Cualquier similitud con el Chavismo no es pura coincidencia.

domingo, 12 de agosto de 2012

Adhesión de Nicaragua a ALADI: Una buena oportunidad para el libre comercio


Una vez Friedrich Hayek argumentó que la preservación de un sistema de libre mercado es una condición esencial para la preservación misma de la humanidad. Parafraseando al genial economista Austriaco, podríamos agregar que un sistema de libre comercio además de ser esencial para el desarrollo humano, es un pilar de las relaciones políticas y económicas entre las naciones. Esta es una premisa que la mayoría de los tomadores de decisión de las economías latinoamericanas, finalmente y no sin pocos debates, han sabido asimilar al reconocer que, en perspectiva, la era del proteccionismo les llevó a bajos índices de crecimiento y a un estancamiento en muchos de sus procesos de integración.

Algunas de las experiencias más exitosas de crecimiento económico sostenido en la región, como son los casos de Perú, Colombia, Brasil y Chile, para mencionar algunos ejemplos, tienen como una de las principales características la capacidad de sus gobiernos para sostener políticas de comercio exterior bastante abiertas y abordarlas como políticas de Estado de largo plazo, independientemente de los cambios de partidos en el poder. Lo que algunos observadores han catalogado como pragmatismo político en los casos antes mencionados, es en realidad una confirmación de las tesis de Hayek. Y aunque las acciones proteccionistas, casi siempre impulsadas desde grupos de interés del sector privado, seguirán siendo obstáculos con los cuales los gobiernos tienen que lidiar, los prejuicios ideológicos contra el libre comercio en América Latina han empezado a ser desmontados gracias al abrumador peso de las evidencias. La magnitud de la libertad económica—de la cual la apertura comercial es un componente central—es directamente proporcional a la prosperidad de las naciones.

El repunte en el interés que la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, ha captado en los foros de alto nivel de decisión de las Américas, es un claro ejemplo de este afortunado cambio de mentalidad en relación al libre comercio en la región. Esta asociación,  creada mediante el Tratado de Montevideo de 1980, gozó de algunos años de auge recién entró en vigencia el referido tratado que reemplazó al instrumento de 1960 que había dado origen a la antigua ALALC.

Durante sus años inmediatos de formación, ALADI se posicionó como un valioso espacio de concertación pero lamentablemente, durante la década de los noventa, empezó a perder vigencia. A pesar de un acertado diseño institucional que le habría permitido mayores niveles de influencia política continental, ALADI se estancó en su proceso de consolidación y no logró afianzarse en las áreas de trabajo en las que se esperaba ejerciera un importante liderazgo continental, particularmente en su ansiado rol de vocero regional y espacio para la búsqueda de consensos en las políticas monetarias, comerciales y sociales, sobre la base de sus principios de pluralismo, convergencia, flexibilidad y tratamiento diferenciado según el nivel de desarrollo relativo. Indudablemente, una parte importante de esta pérdida de vigencia por suerte hoy superada, se debió al desarrollo más acelerado de otros sistemas de integración, como el SICA, MERCOSUR, la Comunidad Andina, CARICOM y más recientemente el ALBA. Otra de sus limitaciones iniciales para su posicionamiento como un foro de mayor peso continental, había sido su particular énfasis en Suramérica, atrayendo poco interés de las naciones centroamericanas y del Caribe, a pesar de que el Articulo 58 del Tratado de Montevideo establece que pueden ser parte de la ALADI aquellos países latinoamericanos que así lo soliciten y sean aceptados, previa negociación con los países miembros, conforme al procedimiento establecido por la Resolución 239 del Comité de Representantes.

Hoy ALADI es la mayor organización latinoamericana de integración con doce miembros plenos: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, México, Venezuela y Uruguay. Actualmente Panamá está en proceso de adhesión y Guatemala también ha adelantado su interés de sumarse al Tratado. De igual forma, Nicaragua, miembro observador desde 1987, formalizó en el año 2009 su solicitud de adhesión a esta renovada asociación. Esta solicitud fue aprobada por el Consejo de Ministros de ALADI durante la sesión llevada a cabo en Montevideo en Agosto de 2011.


La reciente incorporación de Nicaragua a ALADI goza de pleno respaldo tanto del sector privado nicaragüense como del gobierno. El 21 de diciembre del 2011 el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de Decreto de Adhesión de Nicaragua al Tratado de Montevideo 1980 y el 29 de febrero de este año, la Comisión de Asuntos Exteriores de ese poder del Estado realizó la sesión de consulta con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). El 20 de Marzo de este año, el Poder Legislativo de Nicaragua aprobó el Decreto de Adhesión al TM-80, con 85 votos a favor y ninguno en contra.

La unanimidad de este apoyo a la integración de Nicaragua ALADI, remarca al consenso de nación en relación a la importancia de la apertura comercial como política de Estado. Resulta grato observar que el actual gobierno de Nicaragua ha mantenido una política de comercio exterior consecuente con las estrategias de libre mercado desarrolladas durante el periodo de transición democrática de 1990 a 2006. Este pragmatismo en política pública económica ha permitido una continuidad en materia de comercio exterior, logrando que Nicaragua aproveche un inusitado periodo de precios altos en muchos de principales productos de exportación. Paradójicamente, un gobierno autodenominado de izquierda hoy goza de un índice aceptable de crecimiento económico en el país—aproximadamente 4.5% anual—gracias al diseño macroeconómico y de comercio exterior contra el que tanto luchó cuando fue oposición y que hoy, por prudencia o por pragmatismo, ha sabido mantener.

En consecuencia, sector privado y autoridades del Gobierno, coinciden en que las ventajas de adhesión de Nicaragua al ALADI son muchas. En primera instancia, el bloque comercial de ALADI abre una valiosa ventana de oportunidades para la diversificación de nuestro comercio exterior, tradicionalmente enfocado en Estados Unidos de América. Adicionalmente, el esquema de ALADI se basa en un modelo prudente de apertura comercial incremental, en el cual Nicaragua puede seleccionar 1,920 productos para excluirlos del tratado libre comercio, cuando el sector privado y el Estado consideren que deben ser protegidos. Al respecto, es importante señalar que si bien este mecanismo está diseñado con el ánimo de darle un espacio de preparación a los sectores nacionales menos competitivos para una posterior apertura, siempre es vulnerable de ser instrumentalizado como un excusa proteccionista que restaría gran parte de la efectividad del tratado. En ese sentido, queda pendiente estudiar con detenimiento los productos y sectores que se acogerían a esta protección que, en buena práctica, debería ser temporal, a fin de no desvirtuar la naturaleza de un tratado de libre comercio.

El optimismo con que debe recibirse el proceso de adhesión de Nicaragua a ALADI, tampoco debería opacar el análisis sobre otros retos al libre comercio que aún quedan pendientes de resolver. Entre los asuntos irresueltos, es fundamental solucionar el déficit de balanza comercial y prestar atención a otros esquemas de integración política y comercial que a pesar de ser de interés estratégico para el futuro del país—me refiero especialmente al Tratado de México con Centroamérica, al CAFTA, al SICA y al acuerdo con la Unión Europea—no han recibido la atención debida quizás por el excesivo énfasis por razones mas políticas que económicas, que el actual gobierno ha puesto en la relación con el ALBA, y mas puntualmente con Venezuela.

Por ejemplo, en el 2011 las exportaciones nicaragüenses al bloque de países que conforman ALADI fue de 18.7% del total de nuestras exportaciones mientras que las importaciones significaron el 31.8%. De todos los países miembros, sólo con Venezuela se tiene un flujo significativo, especialmente en importaciones—1.1 billones de dólares según el Banco Central de Nicaragua. En el 2011 exportamos el equivalente a 302 millones de dólares de productos nicaragüenses a Venezuela pero menos de 83 millones de dólares a México. El intercambio comercial con los otros miembros de ALADI, fue de menos de 38 millones de dólares. Estos datos confirman la obvia primacía política que tiene para Nicaragua el ALBA y que supera por mucho la atención a la relación comercial con ALADI y con otros bloques comerciales y de integración sumamente valiosos.

La diversificación de exportaciones nicaragüenses a destinos no tradicionales, como Venezuela que es socio de ALADI, es positivo. Sin embargo, persisten dudas si ese intercambio comercial realmente obedece a una dinámica de libre comercio propiamente dicha o más bien depende de una relación política coyuntural. También hay dudas sobre el acceso que el empresariado nicaragüense tiene al mercado Venezolano y si éste es efectivamente libre de intermediaciones políticas que se convierten en cuellos de botella. Finalmente, no se han superado los problemas de transparencia en el esquema de importación petrolera desde Venezuela, que se conducen a través de una suerte de conglomerado público-privado, como es ALBANISA, que opera con altos niveles de opacidad.

La Nicaragua de hoy es un régimen económica y políticamente híbrido: economía abierta con altas dosis de populismo. Los avances en la apertura comercial con el resto del mundo—a pesar de otros desaciertos en política exterior—es una buena oportunidad para reflexionar sobre las virtudes del libre comercio, como el mismo Frente Sandinista de Liberación Nacional (de izquierda) se ha visto obligado a aceptar. Este caso demuestra los efectos positivos del intercambio comercial abierto que beneficia a la población de forma más amplia y eficiente que los programas selectivos de asistencia social que en cifras del mismo gobierno han alcanzado a menos del 20% de la población.

Desafortunadamente, este mismo pragmatismo no ha estado presente en otros ámbitos de políticas públicas que aún están severamente limitadas por un sesgo ideológico estatista. Tampoco está claro que la apertura y transparencia del intercambio comercial es un tema resuelto pero resulta evidente que la voluntad política en toda relación económica entre países es esencial para que los tratados de libre comercio funcionen, a eso se refería Hayek cuando relacionaba al libre mercado con la paz, una idea antes expresada por otros iconos del pensamiento moderno como Emmanuel Kant y Adam Smith. Al mismo tiempo, la dinámica de intercambio comercial es eficiente cuando el clima de libre mercado es que el permite que los flujos de productos y servicios operen sobre la base de ventajas competitivas y comparativas entre las economías de los países y no guiadas por intereses políticos coyunturales de sus gobernantes. De lo contrario, los tratado comerciales suscritos no escaparan al riesgo de convertirse en declaraciones políticas de buena voluntad, con poco impacto real en el desarrollo económico y social del país.