Arresto de Duterte: Un paso adelante, pero insuficiente

La imagen es poderosa: Rodrigo Duterte, el expresidente filipino conocido por su sangrienta guerra contra las drogas, abordó este miércoles un avión rumbo a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para enfrentar cargos por crímenes de lesa humanidad. Su detención, ejecutada sorprendentemente por las mismas fuerzas policiales filipinas que él creyó leales hasta el final, representa una victoria significativa, aunque limitada, para quienes buscamos justicia global contra violadores sistemáticos de derechos humanos.

Durante su gobierno (2016-2022), Duterte promovió abiertamente una brutal política de "mano dura" contra el narcotráfico y la criminalidad, autorizando escuadrones de la muerte que asesinaron a miles de personas sin proceso judicial alguno. Bajo esta excusa, se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales masivas que organizaciones internacionales estiman entre 6,000 y más de 20,000 víctimas, muchas de ellas civiles inocentes, niños y adolescentes incluidos, etiquetados fríamente como "daños colaterales". Las fuerzas de seguridad actuaron con impunidad absoluta, ejecutando personas dentro de sus hogares o en plena vía pública sin ningún juicio justo, motivadas únicamente por sospechas o acusaciones no verificadas.

Si bien la captura y traslado de Duterte hacia la Corte Penal Internacional en La Haya sientan un antecedente alentador, especialmente para quienes trabajamos para denunciar los abusos de regímenes similares, el caso también pone de relieve las profundas limitaciones del sistema internacional. Resulta alentador que finalmente un líder autoritario responda ante la justicia por sus crímenes, pero es imposible no lamentar que otros dictadores y criminales internacionales, aún más perversos y sanguinarios, permanezcan intocables.

La realidad es que tiranos como Vladimir Putin, Daniel Ortega, Bashar Al Assad o Nicolás Maduro continúan operando con total impunidad. Comparados con ellos, los crímenes de Duterte, aunque graves y condenables, son menores en escala y perversidad. Esto pone en evidencia la fragilidad y falta de efectividad del sistema internacional para perseguir a criminales protegidos por aparatos de seguridad leales o alianzas geopolíticas poderosas.

En el caso de Nicaragua, Ortega y su círculo cercano continúan siendo protegidos por una policía sandinista completamente servil, lo que hace improbable un escenario similar al ocurrido en Filipinas. La caída de Duterte ofrece esperanza, pero también revela las profundas deficiencias de un sistema internacional aún incapaz de perseguir con eficacia y contundencia a criminales más protegidos y consolidados en el poder.

En los próximos días, cuando Duterte sea formalmente acusado en La Haya, la comunidad internacional tendrá una valiosa oportunidad para reflexionar sobre estas limitaciones. Mientras se acercan elecciones legislativas clave en Filipinas el próximo 12 de mayo, este juicio será un recordatorio constante de que la justicia, aunque tarde e incompleta, puede llegar incluso para quienes se creen intocables. Pero aún queda mucho por hacer para garantizar que esta justicia alcance también a los mayores criminales que todavía se sienten seguros bajo el amparo de un sistema internacional imperfecto.