Violencia hacia las mujeres: una alerta de lo que venía
(A Claudia, a Elvira, a Dayra, y a todas las mujeres que han abierto el camino.)
Es común escuchar la aseveración de que “antes de abril todo mundo estaba callado”. Esa afirmación es parcialmente cierta, en el sentido de que, efectivamente, el régimen de Daniel Ortega no estaba siendo cuestionado masivamente en las calles como se vio a partir de la insurrección cívica de abril de 2018. Sin embargo, desde que Ortega y sus allegados llegaron nuevamente al poder, siempre han existido grupos ciudadanos con insistentes voces de protesta. Pocas de esas voces han sido tan valientes como las de diversos grupos y movimientos de mujeres nicaragüenses. De hecho, desde mucho antes de enero de 2007, los movimientos de mujeres venían alertando del peligro que significaría para toda Nicaragua, que un abusador sexual llegara al poder. No existía entonces un país en silencio, sino que, al igual que hoy, existía una Nicaragua que no escuchaba a las mujeres con suficiente atención.
En ocasión del Día Internacional de la Mujer, considero justo reiterar que gran parte de la descomposición política y social de Nicaragua, tiene raíces en un sistema y en una cultura política marcada por la violencia, la exclusión social y la desigualdad. Precisamente por ello, la insurrección cívica de abril y los movimientos sociales que le precedieron—como por ejemplo las protestas contra el proyecto del canal interoceánico y por los incendios de Indio Maíz—han estado liderados por diversas voces de mujeres. Hoy, más que nunca, es fundamental reconocer que la lucha por construir una Nicaragua en igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, está íntimamente ligada a la lucha por la democracia, justicia y libertad iniciada en Abril de 2018. No son dos luchas diferentes.
De ahí que es esencial hacer un reconocimiento a todas las mujeres que desde la defensa de los derechos humanos, el activismo por los derechos de las mujeres y desde los múltiples espacios de lucha y rebeldía, trabajan por hacer realidad esa Nicaragua posible.
En reconocimiento al estrecho vínculo entre democracia, inclusión social y derechos humanos, el Instituto de Estudios Estratégicos y (IEEPP) inició, hace ya varios años, una serie de programas de investigación e incidencia como fueron el Programa de Análisis de Violencias, Nuevas Masculinidades e Inclusión Social. Los hallazgos del IEEPP siempre incomodaron al régimen de Ortega, ya que año con año demostramos que a pesar de las bajas estadísticas oficiales de criminalidad y violencia, Nicaragua mostraba una tendencia alarmante en los índices de violencia hacia las mujeres.
Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer a dos ex directoras del IEEPP—Claudia Pineda y Elvira Cuadra—y a la sub-directora Dayra Valle, por haber tenido la visión de enfocar desde hace muchos años las capacidades del Instituto, en la indagación sobre las raíces estructurales de las violencias hacia las mujeres. Les agradezco a ellas y a todas las colegas investigadoras del Instituto, por los esfuerzos realizados junto a otras organizaciones aliadas, en formar a miles de personas en Centroamérica y Nicaragua, sobre procesos de prevención de violencias. Desde esa visión, en el IEEPP reconocimos que la comunidad de activistas, de defensoras de derechos humanos y de periodistas, necesitaba de una contraparte técnica que les ayudara con la búsqueda de evidencias sobre la verdadera situación de las mujeres en Nicaragua.
No quisiera insinuar que todas las luchas por los derechos humanos de las mujeres se reducen a la erradicación de las diversas formas de violencia. Las problemáticas de injusticia e inequidades hacia las mujeres, son mucho más complejas. Sin embargo, en los años que en el IEEPP nos dedicamos a trabajar por los derechos humanos de las mujeres, aprendimos que el punto de partida para que las niñas y mujeres alcancen su máximo potencial humano, es lograr que exista para ellas un entorno de total respeto a su dignidad humana e integridad física y emocional.
En base a lo anterior, quisiera hacer un rápido recuento de algunos de los hallazgos del IEEPP, con datos actualizados al 2018, y que hoy, tienen mayor relevancia que nunca:
• Siempre cuestionamos el discurso oficial de Nicaragua como el “más seguro de la región”. Ciertamente, durante los últimos ocho años, se puede apreciar una tendencia hacia la disminución en la frecuencia de las denuncias presentadas a la Policía. Eso estaba lejos de ser un indicador creíble de seguridad ciudadana. De hecho, dos de los tipos de delitos que han estado aumento desde que Ortega llegó al poder, son los femicidios y los delitos sexuales.
• En el caso de los delitos sexuales hacia las mujeres y la violencia intrafamiliar o doméstica, los datos de la policía muestran una disminución en las denuncias; sin embargo, los datos del poder judicial muestran una tendencia al aumento.
• Además del aumento estadístico de la violencia hacia las mujeres, durante los últimos años ha habido un aumento de la crueldad y saña con que son cometidos los femicidios. También preocupa el hecho que un alto porcentaje de víctimas de delitos sexuales son niñas y adolescentes. Un poco más de un tercio de las mujeres víctimas de violaciones son niñas de 13 años o menos.
• La mayoría de las personas involucradas en la comisión de delitos son hombres, los cuales representan cerca del 95% de los perpetradores; mientras que en el caso de las víctimas, los hombres representan cerca de la mitad. Este alarmante dato explica la urgente necesidad de trabajar mucho en la construcción de una nueva cultura de masculinidad responsable y no-violenta.
• De acuerdo a los más de diez años de encuestas de percepción de seguridad elaboradas por el IEEPP, la violencia intrafamiliar y contra las mujeres es identificada como un problema de seguridad importante, y entre los diferentes tipos, las agresiones físicas alcanzan porcentajes cercanos al 30%. Por otra parte, las mujeres entrevistadas en esas encuestas muestran una alta percepción de riesgo a ser víctimas de distintas formas de acoso y agresión sexual en las vías públicas.
• Más del 8% de las mujeres encuestadas, admitió haber sido forzada a una relación sexual sin su consentimiento. Ese dato es profundamente alarmante pues confirma que el abuso sexual es una epidemia en Nicaragua y por tanto un problema de salud pública y una alarma de derechos humanos. Para dar un ejemplo de la gravedad de ese problema, nótese que en Nicaragua las tasas de diabetes son cercanas al 9%. Eso quiere decir que una mujer tiene similar probabilidad de sufrir una agresión sexual, que de desarrollar diabetes.
• Nicaragua está entre las naciones de América Latina con mayor tasa de embarazo adolescente. La tasa de embarazo adolescente en niñas de entre 15 y 19 años, es de 20%, la más alta en Centroamérica. Al analizar los datos de paternidad, encontramos que sólo el 3% de los hombres adolescentes admite ser padre, lo que indica varias cosas. En primer lugar, las niñas están siendo sometidas a embarazos forzados por hombres mayores de edad; en promedio, seis años mayores que ellas. En segundo lugar, la abrumadora mayoría de niñas con embarazo forzado, son madres solteras. Cinco de cada diez hombres jóvenes en Nicaragua, admite “no tener vínculos regulares con sus hijos e hijas, en términos emocionales o de soporte económico.”
• Siete de cada diez mujeres entrevistadas, admite haber sufrido algún tipo de violencia física o emocional por sus parejas. Según cifras del 2017 (y que venían en aumento), el 45% de los casos de violencia contra las mujeres, corresponden a violencia intrafamiliar. Del total de casos reportados al Instituto de Medicina Legal (IML), 31% son casos de violencia física, 23% son casos de violencia sexual y 1% violencia sicológica. El 60% de todos los casos de violencia atendidos por el IML, son casos de violencia hacia las mujeres.
• Finalmente, otro dato preocupante es que a pesar de que la disparidad educativa entre hombres y mujeres se ha disminuido, los hombres continúan ganando un promedio de 17% más que las mujeres, aún dentro del mismo nivel de escolaridad.
Los datos anteriores son sólo un diagnóstico superficial y extremadamente resumido de la situación de exclusión social, desigualdad y violencia hacia las mujeres. Estos hallazgos están contenidos en una serie de estudios del IEEPP en el marco de los programas Nuevas Masculinidades, Prevención de Violencias, Inclusión Social, así como el reporte “Gender and Social Inclusion”, que no ha sido publicado en español.
Al igual que otras ocho organizaciones de sociedad civil en Nicaragua, enfocadas en derechos humanos y promoción de la participación ciudadana, en Diciembre de 2018 el IEEPP fue arbitrariamente clausurado por la espuria Asamblea Nacional. Gran parte de nuestros activos físicos fueron expropiados. De forma ridícula, se nos acusó de ser partícipes en la planificación y financiamiento de un supuesto golpe de Estado. La realidad es que el régimen nunca ha soportado que existan voces que desnuden la cruda realidad de un sistema político violento y violador de los derechos humanos. En el año 2017 alertamos que los índices de violencia política en Nicaragua se habían multiplicado por cinco en varios municipios del país, y que los indicadores de violencia e impunidad en crímenes hacia las mujeres delataban ya una grave alerta de la descomposición del estado.
Puede ser que el IEEPP haya dejado de funcionar temporalmente en Nicaragua o quizás nuestra labor de incidencia ya se cumplió. Eso está por verse. Lo verdaderamente esperanzador es que hoy existe en Nicaragua una amplitud de voces vibrantes de mujeres defensoras de derechos humanos, activistas, voluntarias, pensadoras, luchadoras y ciudadanas auto-convocadas comprometidas en transformar un estado opresor en una nación incluyente, justa y libre. A todas ellas, nuestra más profunda solidaridad y gratitud.
Es común escuchar la aseveración de que “antes de abril todo mundo estaba callado”. Esa afirmación es parcialmente cierta, en el sentido de que, efectivamente, el régimen de Daniel Ortega no estaba siendo cuestionado masivamente en las calles como se vio a partir de la insurrección cívica de abril de 2018. Sin embargo, desde que Ortega y sus allegados llegaron nuevamente al poder, siempre han existido grupos ciudadanos con insistentes voces de protesta. Pocas de esas voces han sido tan valientes como las de diversos grupos y movimientos de mujeres nicaragüenses. De hecho, desde mucho antes de enero de 2007, los movimientos de mujeres venían alertando del peligro que significaría para toda Nicaragua, que un abusador sexual llegara al poder. No existía entonces un país en silencio, sino que, al igual que hoy, existía una Nicaragua que no escuchaba a las mujeres con suficiente atención.
En ocasión del Día Internacional de la Mujer, considero justo reiterar que gran parte de la descomposición política y social de Nicaragua, tiene raíces en un sistema y en una cultura política marcada por la violencia, la exclusión social y la desigualdad. Precisamente por ello, la insurrección cívica de abril y los movimientos sociales que le precedieron—como por ejemplo las protestas contra el proyecto del canal interoceánico y por los incendios de Indio Maíz—han estado liderados por diversas voces de mujeres. Hoy, más que nunca, es fundamental reconocer que la lucha por construir una Nicaragua en igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, está íntimamente ligada a la lucha por la democracia, justicia y libertad iniciada en Abril de 2018. No son dos luchas diferentes.
De ahí que es esencial hacer un reconocimiento a todas las mujeres que desde la defensa de los derechos humanos, el activismo por los derechos de las mujeres y desde los múltiples espacios de lucha y rebeldía, trabajan por hacer realidad esa Nicaragua posible.
En reconocimiento al estrecho vínculo entre democracia, inclusión social y derechos humanos, el Instituto de Estudios Estratégicos y (IEEPP) inició, hace ya varios años, una serie de programas de investigación e incidencia como fueron el Programa de Análisis de Violencias, Nuevas Masculinidades e Inclusión Social. Los hallazgos del IEEPP siempre incomodaron al régimen de Ortega, ya que año con año demostramos que a pesar de las bajas estadísticas oficiales de criminalidad y violencia, Nicaragua mostraba una tendencia alarmante en los índices de violencia hacia las mujeres.
Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer a dos ex directoras del IEEPP—Claudia Pineda y Elvira Cuadra—y a la sub-directora Dayra Valle, por haber tenido la visión de enfocar desde hace muchos años las capacidades del Instituto, en la indagación sobre las raíces estructurales de las violencias hacia las mujeres. Les agradezco a ellas y a todas las colegas investigadoras del Instituto, por los esfuerzos realizados junto a otras organizaciones aliadas, en formar a miles de personas en Centroamérica y Nicaragua, sobre procesos de prevención de violencias. Desde esa visión, en el IEEPP reconocimos que la comunidad de activistas, de defensoras de derechos humanos y de periodistas, necesitaba de una contraparte técnica que les ayudara con la búsqueda de evidencias sobre la verdadera situación de las mujeres en Nicaragua.
No quisiera insinuar que todas las luchas por los derechos humanos de las mujeres se reducen a la erradicación de las diversas formas de violencia. Las problemáticas de injusticia e inequidades hacia las mujeres, son mucho más complejas. Sin embargo, en los años que en el IEEPP nos dedicamos a trabajar por los derechos humanos de las mujeres, aprendimos que el punto de partida para que las niñas y mujeres alcancen su máximo potencial humano, es lograr que exista para ellas un entorno de total respeto a su dignidad humana e integridad física y emocional.
En base a lo anterior, quisiera hacer un rápido recuento de algunos de los hallazgos del IEEPP, con datos actualizados al 2018, y que hoy, tienen mayor relevancia que nunca:
• Siempre cuestionamos el discurso oficial de Nicaragua como el “más seguro de la región”. Ciertamente, durante los últimos ocho años, se puede apreciar una tendencia hacia la disminución en la frecuencia de las denuncias presentadas a la Policía. Eso estaba lejos de ser un indicador creíble de seguridad ciudadana. De hecho, dos de los tipos de delitos que han estado aumento desde que Ortega llegó al poder, son los femicidios y los delitos sexuales.
• En el caso de los delitos sexuales hacia las mujeres y la violencia intrafamiliar o doméstica, los datos de la policía muestran una disminución en las denuncias; sin embargo, los datos del poder judicial muestran una tendencia al aumento.
• Además del aumento estadístico de la violencia hacia las mujeres, durante los últimos años ha habido un aumento de la crueldad y saña con que son cometidos los femicidios. También preocupa el hecho que un alto porcentaje de víctimas de delitos sexuales son niñas y adolescentes. Un poco más de un tercio de las mujeres víctimas de violaciones son niñas de 13 años o menos.
• La mayoría de las personas involucradas en la comisión de delitos son hombres, los cuales representan cerca del 95% de los perpetradores; mientras que en el caso de las víctimas, los hombres representan cerca de la mitad. Este alarmante dato explica la urgente necesidad de trabajar mucho en la construcción de una nueva cultura de masculinidad responsable y no-violenta.
• De acuerdo a los más de diez años de encuestas de percepción de seguridad elaboradas por el IEEPP, la violencia intrafamiliar y contra las mujeres es identificada como un problema de seguridad importante, y entre los diferentes tipos, las agresiones físicas alcanzan porcentajes cercanos al 30%. Por otra parte, las mujeres entrevistadas en esas encuestas muestran una alta percepción de riesgo a ser víctimas de distintas formas de acoso y agresión sexual en las vías públicas.
• Más del 8% de las mujeres encuestadas, admitió haber sido forzada a una relación sexual sin su consentimiento. Ese dato es profundamente alarmante pues confirma que el abuso sexual es una epidemia en Nicaragua y por tanto un problema de salud pública y una alarma de derechos humanos. Para dar un ejemplo de la gravedad de ese problema, nótese que en Nicaragua las tasas de diabetes son cercanas al 9%. Eso quiere decir que una mujer tiene similar probabilidad de sufrir una agresión sexual, que de desarrollar diabetes.
• Nicaragua está entre las naciones de América Latina con mayor tasa de embarazo adolescente. La tasa de embarazo adolescente en niñas de entre 15 y 19 años, es de 20%, la más alta en Centroamérica. Al analizar los datos de paternidad, encontramos que sólo el 3% de los hombres adolescentes admite ser padre, lo que indica varias cosas. En primer lugar, las niñas están siendo sometidas a embarazos forzados por hombres mayores de edad; en promedio, seis años mayores que ellas. En segundo lugar, la abrumadora mayoría de niñas con embarazo forzado, son madres solteras. Cinco de cada diez hombres jóvenes en Nicaragua, admite “no tener vínculos regulares con sus hijos e hijas, en términos emocionales o de soporte económico.”
• Siete de cada diez mujeres entrevistadas, admite haber sufrido algún tipo de violencia física o emocional por sus parejas. Según cifras del 2017 (y que venían en aumento), el 45% de los casos de violencia contra las mujeres, corresponden a violencia intrafamiliar. Del total de casos reportados al Instituto de Medicina Legal (IML), 31% son casos de violencia física, 23% son casos de violencia sexual y 1% violencia sicológica. El 60% de todos los casos de violencia atendidos por el IML, son casos de violencia hacia las mujeres.
• Finalmente, otro dato preocupante es que a pesar de que la disparidad educativa entre hombres y mujeres se ha disminuido, los hombres continúan ganando un promedio de 17% más que las mujeres, aún dentro del mismo nivel de escolaridad.
Los datos anteriores son sólo un diagnóstico superficial y extremadamente resumido de la situación de exclusión social, desigualdad y violencia hacia las mujeres. Estos hallazgos están contenidos en una serie de estudios del IEEPP en el marco de los programas Nuevas Masculinidades, Prevención de Violencias, Inclusión Social, así como el reporte “Gender and Social Inclusion”, que no ha sido publicado en español.
Al igual que otras ocho organizaciones de sociedad civil en Nicaragua, enfocadas en derechos humanos y promoción de la participación ciudadana, en Diciembre de 2018 el IEEPP fue arbitrariamente clausurado por la espuria Asamblea Nacional. Gran parte de nuestros activos físicos fueron expropiados. De forma ridícula, se nos acusó de ser partícipes en la planificación y financiamiento de un supuesto golpe de Estado. La realidad es que el régimen nunca ha soportado que existan voces que desnuden la cruda realidad de un sistema político violento y violador de los derechos humanos. En el año 2017 alertamos que los índices de violencia política en Nicaragua se habían multiplicado por cinco en varios municipios del país, y que los indicadores de violencia e impunidad en crímenes hacia las mujeres delataban ya una grave alerta de la descomposición del estado.
Puede ser que el IEEPP haya dejado de funcionar temporalmente en Nicaragua o quizás nuestra labor de incidencia ya se cumplió. Eso está por verse. Lo verdaderamente esperanzador es que hoy existe en Nicaragua una amplitud de voces vibrantes de mujeres defensoras de derechos humanos, activistas, voluntarias, pensadoras, luchadoras y ciudadanas auto-convocadas comprometidas en transformar un estado opresor en una nación incluyente, justa y libre. A todas ellas, nuestra más profunda solidaridad y gratitud.
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